Entre el 25 y 28 de octubre de 2016, se realizó en Uruguay la XIII Conferencia Regional sobre la mujer de América Latina y el Caribe, en la cual,  se consensuó la Estrategia para la Implementación de la Agenda Regional de Género en el marco del Desarrollo Sostenible hacia el 2030, o bien conocida como el Consenso de Montevideo.

Si bien, es cierto, que el Consenso de Montevideo, pone en la palestra de las políticas públicas temas referidos a: participación popular y ciudadana de las mujeres,  comunicación, cooperación, tecnología, financiamiento, en pro de alcanzar la igualdad de género de aquí a 2013, nos convoca el hecho de ser la primera conferencia, en la cual se involucra a mujeres viviendo con VIH.

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Participación de las mujeres

En el punto No.3 sobre: Participación popular y ciudadana: democratización de la política y las sociedades se lee: «La participación popular y ciudadana, y en particular de las organizaciones y movimientos de mujeres y feministas, en la implementación de la agenda regional de género implica su contribución en el diseño, la aplicación y el seguimiento de las políticas a nivel nacional e internacional.

Para lograr una participación activa y sustantiva se requiere crear un entorno seguro y propicio mediante el apoyo a los procesos de organización, el fortalecimiento de las capacidades, el acceso a la información y a la justicia y el establecimiento de mecanismos de participación paritaria efectivos, institucionalizados, permanentes y representativos de la diversidad de organizaciones y movimientos de mujeres y feministas, jóvenes, indígenas, afrodescendientes, mujeres rurales, adultas mayores, mujeres migrantes, mujeres de diversos grupos étnicos, religiosos y lingüísticos, mujeres que viven con VIH/SIDA, mujeres desplazadas, mujeres que viven en la pobreza, mujeres privadas de libertad, mujeres con discapacidad y personas lesbianas, gais, bisexuales, trans e intersexuales (LGBTI), así como de canales de diálogo con la ciudadanía en general, incluso a través de Internet».

Así mismo, en las medidas que los estados deben adoptar con respecto a este punto se lee: «Apoyar el liderazgo de las mujeres en organizaciones sociales y políticas, impulsando la participación democrática paritaria, el fortalecimiento institucional y las capacidades de incidencia de las organizaciones de la sociedad civil, los movimientos de mujeres y feministas, y en particular el liderazgo de las adolescentes, jóvenes, indígenas, afrodescendientes, mujeres rurales, mujeres migrantes, mujeres que viven con VIH/SIDA, mujeres con discapacidad y personas LGBTI, respetando sus expresiones organizativas».

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¿Qué significa?

Incluir a las mujeres viviendo con VIH en el Consenso de Montevideo, hace visible aspectos propios de este grupo de personas; producto de la discriminación y violencia que existe de manera sistémica en la sociedad y las relaciones desiguales de poder.

Esto se traduce en las dificultades que viven las mujeres con VIH  para acceder a servicios médicos ade­cuados, principalmente en lo relacionado a su salud sexual y reproductiva. Las denuncias de violaciones a los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres así como la violencia física, han incrementado en los últimos años.

Según el estudio sobre VIH y Violencia de la Comisión Interamericana de Mujeres (CIM), realizado en cuatro países de Centroamérica (2012), la falta de un marco jurídico adecuado y el débil seguimiento que existe a las denuncias interpuestas, son los principales factores que  contribuyen a que la sociedad y en especial las mujeres,  no tomen un papel beligerante en estos temas.

El Consenso de Montevideo incluye medidas sobre la integración de la población en el desarrollo sostenible y sobre las áreas de infancia, adolescencia y juventud, envejecimiento, salud sexual y reproductiva, igualdad de género, migración, desigualdad territorial, pueblos indígenas y afrodescendientes.